Washington, 25 de febrero, AZERTAC

La carta del representante permanente de la República de Azerbaiyán ante la ONU, Yashar Aliyev, fue enviada al secretario general de la ONU en relación con el 30º aniversario del genocidio de Joyalí cometido por las fuerzas armadas armenias en febrero de 1992.
La carta dice que este mes marca el trigésimo aniversario de la mayor masacre cometida durante la agresión armenia contra Azerbaiyán hace 30 años, informa AZERTAC. Cabe señalar que, en la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, las tropas armenias que invadieron la ciudad azerbaiyana de Joyalí, en la región de Karabaj de Azerbaiyán, mataron a 613 civiles, entre ellos 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos. Otras 1.000 personas resultaron heridas, 1.275 residentes de la ciudad fueron tomados como rehenes y 150 personas desaparecieron.
La gravedad de los atroces crímenes cometidos en Joyalí está respaldada por numerosas fuentes, en particular por documentos de organizaciones internacionales y por los resultados de investigaciones independientes realizadas por periodistas extranjeros, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales internacionales.
Y. Aliyev señala que, durante la investigación oficial llevada a cabo en Azerbaiyán, se comprobó que los ataques contra la población civil en Joyalí tienen elementos específicos del crimen de genocidio en el sentido del derecho internacional y que se cumplen las condiciones necesarias para mantener las acusaciones de genocidio. Por desgracia, los crímenes cometidos en Joyalí no fueron los únicos: a lo largo del conflicto se perpetraron atrocidades similares contra la población civil de muchas otras ciudades, pueblos y aldeas de Azerbaiyán. Los ataques ilegales contra civiles azerbaiyanos y asentamientos pacíficos, la toma y detención de rehenes, el trato brutal y las ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra y civiles detenidos, la limpieza étnica, la amplia destrucción de asentamientos e infraestructuras civiles y la profanación y destrucción del patrimonio cultural y religioso azerbaiyano fueron métodos y medios que Armenia utilizó deliberadamente durante la guerra para lograr y consolidar sus éxitos militares.
El diplomático azerbaiyano subraya que la magnitud de las atrocidades también queda demostrada por el hecho de que varios miles de ciudadanos azerbaiyanos han desaparecido en relación con este conflicto desde principios de la década de 1990. Su número es de 3.890, incluidos 719 civiles. Entre esos civiles hay 71 niños, 267 mujeres y 326 ancianos. Desaparecieron en circunstancias que suscitaron serias preocupaciones por su bienestar, sobre todo teniendo en cuenta la flagrante brutalidad practicada ampliamente por las fuerzas armenias. Se ha establecido que, de los desaparecidos, 872 ciudadanos azerbaiyanos fueron tomados como prisioneros de guerra o como rehenes, y que el número de desaparecidos incluía 605 militares y 267 civiles, de los cuales 29 eran niños, 98 eran mujeres y 112 eran ancianos. A lo largo de casi 30 años de guerra y ocupación de los territorios de Azerbaiyán, Armenia se ha negado a proporcionar información sobre los desaparecidos o a investigar y aclarar su destino.
A pesar del alto el fuego de 1994, las fuerzas armenias siguieron atacando a los civiles azerbaiyanos que vivían al otro lado de la llamada línea de contacto. Así, entre mayo de 1994 y septiembre de 2020, 31 civiles azerbaiyanos murieron y 69 resultaron heridos, y se produjeron grandes daños en viviendas, escuelas, hospitales y otras instalaciones civiles.
El representante permanente de Azerbaiyán ante la ONU señala además que la reanudación de las hostilidades en el otoño de 2020 fue una consecuencia directa del desprecio de Armenia por el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, su constante obstrucción del proceso de paz, los intentos de colonizar los territorios ocupados de Azerbaiyán, las declaraciones incendiarias y beligerantes y las constantes provocaciones sobre el terreno. Una vez más, Armenia se mantuvo fiel a su práctica de profundo desprecio por las leyes y costumbres de la guerra, llevando a cabo ataques directos e indiscriminados contra civiles azerbaiyanos y ataques en áreas densamente pobladas de Azerbaiyán fuera de la zona de conflicto sin objetivos militares, utilizando armas pesadas y bombas de racimo prohibidas internacionalmente y colocando minas al azar en zonas civiles.
La frecuencia y el momento de los ataques, incluyendo en particular la serie de inhumanos ataques nocturnos con cohetes contra zonas residenciales de las ciudades de Ganja y Barda, hablan de una clara intención y un claro objetivo de lograr el mayor número posible de víctimas civiles, subraya Y.Aliyev.
Entre el 27 de septiembre y el 9 de noviembre de 2020, un total de 101 civiles azerbaiyanos, entre ellos 12 niños, murieron y más de 400 civiles resultaron heridos, casi 84.000 personas fueron desplazadas de sus hogares, más de 4.300 casas y edificios de apartamentos privados y más de 500 otros objetos civiles fueron destruidos o dañados. También se han documentado casos de ejecuciones de soldados azerbaiyanos capturados, de profanación de cadáveres de soldados azerbaiyanos fallecidos y de tortura y malos tratos a soldados azerbaiyanos cautivos en Armenia. Además, tras el cese de las hostilidades y el fin de la guerra, 36 ciudadanos azerbaiyanos murieron y 165 resultaron heridos por minas terrestres. Los territorios de Azerbaiyán liberados de la ocupación presentan pruebas convincentes de las violaciones generalizadas, variadas y sistemáticas del derecho internacional por parte de Armenia. La magnitud sin precedentes de la destrucción, el vandalismo y el saqueo es impactante. Además, se han descubierto fosas comunes de civiles en estos territorios.
Aliyev escribe que Armenia sigue negando su responsabilidad en numerosos crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas, agentes, funcionarios y otras personas bajo su dirección y control, y se niega a enjuiciar y castigar a los responsables y a ofrecer reparaciones o indemnizaciones adecuadas por sus violaciones. Esta postura no es casual, dado que las autoridades armenias han inventado el escandaloso concepto de "incompatibilidad étnica" y han hecho repetidas declaraciones ultrarracistas promoviendo la idea de la superioridad armenia y calificando a todos los azerbaiyanos de "tribu nómada" sin vínculos históricos y culturales con sus tierras.
La guerra de cuarenta y cuatro días del otoño de 2020 puso fin a la política de agresión, ocupación y limpieza étnica de Armenia. Es imperativo que la comunidad internacional insista en que se rindan cuentas por los atroces crímenes cometidos contra la población civil azerbaiyana durante la guerra, como exigen las normas de responsabilidad jurídica internacional de los Estados, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Esta rendición de cuentas debe ser una consecuencia inevitable de los crímenes cometidos y una condición necesaria para el inicio de la marcha hacia la paz duradera y la reconciliación.
Azerbaiyán está decidido a seguir esforzándose por garantizar la justicia y prevenir y eliminar por todos los medios disponibles, de conformidad con su Constitución y su legislación, así como con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, cualquier amenaza a la seguridad y el bienestar de su pueblo y a la soberanía e integridad territorial del Estado, concluye su carta Y.Aliyev.